La Organización de las Naciones Unidas, ONU, calcula que, en el mundo, unas 150 mil personas han sido víctimas de las denominadas minas antipersona (heridas o muertas) En Colombia, la cifra se aproxima a las 13.000 víctimas de esta cruel práctica de los grupos al margen de la ley, que, desafortunadamente, empezó a escribir titulares de primera página en los medios nacionales y mundiales en la década de los 90, concretamente en zonas rurales de los municipios santandereanos de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, ubicados a unas tres horas de Floridablanca.

Por tratarse de una de las acciones de guerra más crueles, pues en ella caen, por lo general, niños, jóvenes y adultos que nada tienen que ver con el conflicto armado, la ONU denomina el 4 de abril como Día Internacional de Concientización contra las Minas, que para este año tiene como lema: “Tierra segura, pasos seguros, hogar seguro”.

En esta conmemoración se pretende hacer recuento del trabajo pendiente, pero también resaltar y celebrar los logros conseguidos contra las minas, como es el caso de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997, o las grandes victorias de los Estados Miembros de la ONU desde la Convención para la Prohibición de las Minas en 1999.

En Colombia, los municipios y departamentos con mayores casos de víctimas de minas antipersona, desde el año 1990, son: Vistahermosa (Meta) con 370, Tumaco (Nariño), 355; Tame (Arauca), 348; Tarazá (Antioquia), 271, y San Vicente del Caguán (Caquetá), 264. Y, a nivel departamental, Antioquia (2.628), Meta (1146), Nariño (1.043), Norte de Santander (954) y Caquetá (948).

“Desde la Personería clamamos por un país en paz, en donde podamos entendernos y estrecharnos las manos; para trabajar todos en un solo propósito, que nos permita terminar las condiciones objetivas que generan el conflicto armado. Las minas antipersona deben acabarse en el mundo, es una práctica que degrada la condición de ser humano y somete a la población civil”, manifestó la personera María Margarita Serrano Arenas.