Constitución Política de Colombia. Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos.

Ese derecho y ese deber son los que debemos ejercer los colombianos, santandereanos y concretamente los florideños en las elecciones de este domingo, cuando renovaremos el Congreso de la República y elegiremos los ganadores en las consultas interpartidistas. Por eso, es importante que las personas aptas para votar no cedan a otros ese privilegio y madruguen a sufragar por los candidatos de sus preferencias.

“Tenemos candidatos de todos los perfiles y matices, hombres y mujeres que representan diferentes tendencias ideológicas, políticas, religiosas, sociales, étnicas, económicas… imposible que no nos identifiquemos con nadie. El voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, hagamos uso de él y construyamos país. Estudiemos las propuestas de los distintos partidos y candidatos, y apostémosle a quienes consideremos se identifican con nuestra visión de mundo y país”, manifestó la personera municipal María Margarita Serrano Arenas.

La funcionaria, igualmente, invitó a los servidores públicos a abstenerse de participar en las actividades propias de las agrupaciones políticas y en las controversias políticas (Constitución Política, artículo 127 inciso segundo y tercero). Utilizar su empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales (Código Único Disciplinario, artículo 48 numerales 39 y 40). Intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política (Código Penal, artículo 422). Utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales (Ley de Garantías, artículo 38, parágrafo).

Como asegura la Misión de Observación Electoral: “Si bien desde el 2004 existe un mandato constitucional para establecer prohibiciones a la participación de los servidores públicos en política, hasta la fecha, no se cuenta con una ley estatutaria que desarrolle de manera específica los alcances de dichas prohibiciones y las conductas que les son permitidas”.