La Personería Municipal de Floridablanca considera que el tema de la disposición final de residuos sólidos y los demás relacionados con los servicios públicos, fundamentales para la construcción de regiones modernas y competitivas, deberían estar alejados de la política y de las ambiciones económicas de personas o grupos. El interés general debería primar sobre el particular.

Desde hace unos 20 años, cuando se empezó a hablar del reemplazo del Carrasco por otro sitio para la disposición final de residuos sólidos de 16 municipios, incluyendo las cuatro ciudades del área metropolitana, y la necesidad de implementar tecnologías de punta que transformaran las basuras en energía, abonos y otros elementos, de inmediato salieron a relucir sitios como Chocoa, Peñas, Peñitas, Uribe Uribe, el Cañón de las Iguanas y otros. También surgieron nombres de empresas, amparadas por poderosos políticos y gobernantes de la región.

Igual sucede con las privatizaciones del alumbrado público y de las oficinas de Tránsito y Transporte, y la creación de empresas públicas municipales para el manejo de los servicios públicos, que no tienen otro trasfondo que favorecer los intereses económicos de mandatarios locales y regionales, además de los de sus clanes políticos.

Como afirmó hoy en Vanguardia el columnista Isaí Fuentes Galván: “… nuestros dirigentes siguen viendo en la función pública únicamente una oportunidad para hacer negocios y enriquecerse y que si la resolución de un problema público no les representa una ganancia directa o indirecta, deja de ser de su interés”.

En el caso concreto de la recolección y disposición final de los residuos sólidos, deberían ser las universidades, públicas y privadas, con base en estudios técnicos, científicos y ambientales, las encargadas de seleccionar el sitio más apropiado en la región para depositar allí las basuras, pero, simultáneamente, identificar y priorizar la tecnología más adecuada para transformarlas en energía, abono y otros elementos, como ocurre en ciudades europeas, asiáticas y norteamericanas.

Esta labor deberían acompañarla, únicamente, los gremios económicos, ONGs certificadas en temas ambientales y tecnologías limpias, y las comunidades residentes en el entorno de los sitios identificados como potenciales para instalar allí el relleno sanitario.

Una vez identificado el sitio, serían los gobiernos locales, asesorados por la Lonja de Propiedad Raíz, las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, los encargados de negociar su precio, pero directamente con el propietario, sin necesidad de intermediarios ni testaferros. En el caso de la tecnología, deberían mediar procesos transparentes para su adquisición, que involucren directamente a las multinacionales (posibles proveedoras) y eviten la intermediación de testaferros, representantes de políticos y gobernantes.

Para la prestación de este servicio público, los 16 municipios deberían constituirse como empresa y sus acciones allí deberían ser acordes al número de toneladas de residuos sólidos que aporte al proceso.

Sólo así daremos cabal cumplimiento al Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, que expresa: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.