La Personería Municipal, como garante de los derechos fundamentales de los florideños, expresa a la opinión pública su preocupación por la emergencia sanitaria que se presentaría en 16 municipios santandereanos, incluyendo las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, que depositan sus desechos sólidos en el relleno sanitario el Carrasco, el cual debería cerrar sus puertas el próximo 13 de agosto, si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no le concede el permiso para continuar operando.

Son aproximadamente mil toneladas diarias de desechos sólidos los que llegan al Carrasco, procedentes de esos 16 municipios, que sus autoridades deberían trasladar a otra ciudad, con las consecuencias que ello acarrearía.

Lo peor del caso es que a la fecha, ninguna autoridad municipal ha presentado un plan serio de contingencia ante tal amenaza y sólo se han limitado a esperar que la ANLA apruebe la propuesta de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, EMAB, que solicita una prórroga para continuar la disposición final en el Carrasco hasta octubre de 2022. El panorama es aún más oscuro, pues como viene informando desde hace cinco días el diario Vanguardia, la ANLA advirtió que se podrían generar riesgos ambientales de alto impacto si se aprueba dicha propuesta y, que, en consecuencia, dará estricto cumplimiento a la orden judicial que fijó el cierre definitivo del Carrasco para el próximo 13 de agosto.

En el documento oficial, expertos de dicha autoridad advierten posibles emergencias, como nuevos derrumbes o deslizamientos de residuos, además de la acumulación de lixiviados que emanan las basuras y que podrían perjudicar suelos o fuentes hídricas. Igualmente, expresan que en la propuesta o plan, la EMAB no presentó varios estudios fundamentales para el análisis técnico, como por ejemplo planes o adecuaciones que se deben efectuar en el relleno sanitario para el control y evacuación segura de los gases generados por los residuos.

“Al disponer cantidades nuevas de residuos sólidos se podría generar impactos ambientales adicionales, los cuales no fueron evaluados o considerados en el Plan de cierre autorizado, lo que produciría un alto riesgo ambiental y/o contingencia, toda vez que no se cuenta con las medidas apropiadas para atenderlos. Así mismo, tampoco se cuenta con información fundamentada que permita establecer que la disposición adicional propuesta le va a aportar una mayor estabilidad al sitio de disposición final que la obtenida con las actividades en curso”, explicó la entidad nacional.

La ciudadanía debe saber que si la ANLA no aprueba ese Plan presentado por la EMAB, de inmediato los alcaldes de esos 16 municipios deberían buscar otro relleno sanitario en donde depositar sus residuos sólidos. Los más próximos serían en las ciudades de Aguachica y Cúcuta, hasta donde deberían trasladarse diariamente los camiones con las basuras, lo cual encarecería ostensiblemente los costos de este servicio público, y así se reflejaría en los recibos de pago que mensualmente llegan a las casas de los usuarios.

PROPUESTA

La Personería Municipal de Floridablanca considera que el tema de la disposición final de residuos sólidos y los demás relacionados con los servicios públicos, fundamentales para la construcción de regiones modernas y competitivas, deberían estar alejados de la política y de las ambiciones económicas de personas o grupos. El interés general debería primar sobre el particular.

En el caso concreto de la recolección y disposición final de los residuos sólidos, deberían ser las universidades, públicas y privadas, con base en estudios técnicos, científicos y ambientales, las encargadas de seleccionar el sitio más apropiado en la región para depositar allí las basuras, pero, simultáneamente, identificar y priorizar la tecnología más adecuada para transformarlas en energía, abono y otros elementos, como ocurre en ciudades europeas, asiáticas y norteamericanas.

Una vez identificado el sitio, serían los gobiernos locales los encargados de negociar su precio, pero directamente con el propietario, sin necesidad de intermediarios ni testaferros. En el caso de la tecnología, deberían mediar procesos transparentes para su adquisición, que involucren directamente a las multinacionales (posibles proveedoras) y eviten la intermediación de testaferros, representantes de políticos y gobernantes.

Vale recordar que esta problemática del cierre del Carrasco ya va a completar 20 años, sin que hasta la fecha las autoridades departamentales ni municipales la hayan asumido con la responsabilidad y el compromiso que merece.

MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS

Personera Municipal Floridablanca

Floridablanca, agosto 9 de 2021.