La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 1 y 2 que “Colombia es un Estado social de derecho (…) democrática, participativa y pluralista”, que “son fines esenciales del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”

En el artículo 40 apunta que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; para dar cumplimiento a ello se cuenta con una serie de mecanismos de participación ciudadana los cuales son las herramientas que permiten ejercer el derecho a participar en las decisiones colectivas, generando unos cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.

La Ley 1757 de 2015 enuncia que los mecanismos de participación ciudadana son: “la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto”.

El plebiscito:

 es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plesbicito no podrá coincidir con otra elección.

  • Concepto obligatorio de las Cámaras y previo de la Corte Constitucional: Cuando dentro del mes siguiente a la fecha en que el Presidente haya informado sobre su intención de realizar un plesbicito, ninguna de las dos Cámaras, por la mayoría de asistentes, haya manifestado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo.
    En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del período constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política.
  • Campaña a favor o en contra del plebiscito: De acuerdo al artículo 79 de la Ley 134 de 1994, el acceso de los partidos y movimientos políticos a los espacios de televisión financiados por el Estado se hará de conformidad con lo establecido para el referendo constitucional.

El Gobierno dispondrá del mismo tiempo en televisión para expresar su opinión sobre el plebiscito. El uso de estos espacios se hará dentro de los 20 días anteriores a la fecha señalada para la votación.

Efecto de la votación: El pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.

El referendo:

 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar a la Registraduría ser inscrito como promotor del referendo. La Registraduría tiene un plazo de 8 días para verificar si su petición cumple con los requisitos.

Una vez inscrito, la Registraduría entregará al promotor o promotores del referendo un formulario para la recolección de apoyos, en el que en el que deberá aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa y un resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerla antes de manifestar su apoyo con su firma.

Una vez entregados los formularios de recolección de apoyos a los promotores del referendo, contarán con seis meses para recolectar las firmas de apoyo, plazo que puede ser prorrogado en caso de fuerza mayor o caso fortuito, hasta por tres meses más, en la forma y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral.

En el formulario, el ciudadano que expresa su apoyo debe escribir, de su puño y letra la fecha en que firma, su nombre, el número de documento de identificación, el lugar y dirección de su residencia, de forma completa y legible, y su firma.

En un plazo de 45 días calendario, contado a partir de la fecha de la entrega de los formularios por los promotores, el Registrador certificará el número de respaldos válidos y nulos y si se ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales exigidos.

El referendo puede ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la aprobación de una norma, como su derogatoria total o parcial.

El referendo constitucional debe tener un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral. El referendo que busca derogar una ley debe tener un número de apoyos equivalente al 10% del censo electoral. Los referendos que se refieran a normas del ámbito territorial deben tener el respaldo del 10% del censo electoral de la respectiva circunscripción.

El referendo deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. La votación no podrá coincidir con ningún acto electoral ni puede acumularse la votación de más de tres referendos para la misma fecha.

En la tarjeta electoral que deberá diseñar el Registrador deberá contener con claridad la información necesaria para que los ciudadanos manifiesten libremente su opinión.

La Corte Constitucional o el tribunal contencioso administrativo correspondiente deberán revisar previamente la constitucionalidad del texto sometido a referendo.

El referendo será aprobado si la opción del Sí obtiene la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando en la votación participe al menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral

REFERENDO DEROGATORIO

Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no.

Se trata del referendo derogatorio, que se constituye en uno de los más importantes mecanismos de participación ciudadana en defensa del ordenamiento jurídico superior.

Según la norma, deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos fundamentales y a sus garantías  -entre otros temas-  si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral.

No estamos ante una facultad de las autoridades electorales ni del Gobierno sino ante la obligación que tendrían de tramitar ese referendo sobre la base de que se recauden las firmas de los ciudadanos proponentes, que serán muchos en el país.

La reforma que el Congreso introduzca en detrimento de la tutela  -si es que aprueba el malhadado proyecto de Londoño-  se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

En defensa de la democracia y de los derechos –en la hipótesis de que el acto legislativo se convierta en realidad-,  quien estas líneas escribe estará dispuesto a liderar y sacar adelante la recolección de las firmas necesarias, a lo largo y ancho del territorio, para que el pueblo haga respetar las conquistas logradas en el 91, las que en mal momento han entrado en la mira autoritaria y radical del Ministro del Interior y Justicia, ojalá no del Presidente de la República, de quien debemos exigir que se pronuncie el respecto con claridad.

REFERENDO APROBATORIO

Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.

El cabildo abierto:

El cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

Por qué los ciudadanos pueden hacer uso del cabildo abierto?

Porque el cabildo abierto es un mecanismo de participación democrática ciudadana consagrada en el capítulo IV de la Constitución Política de Colombia de 1991 que establece y estipula los instrumentos con los cuales cuenta la ciudadanía para hacerse partícipe en asuntos públicos.

Cuáles son las razones por las que la ciudadanía puede pedir un cabildo abierto?

La principal razón es para discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública.

Qué se necesita para solicitar un cabildo abierto?

La solicitud de un cabildo abierto debe ser iniciativa de un número de personas no inferior al 5 por 1000 del censo electoral de la circunscripción correspondiente (localidad, municipio, distrito, departamento).

Cuándo se debe realizar el cabildo abierto?

El Cabildo Abierto deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición. Si la petición fue radicada cuando la respectiva corporación no se encontraba en sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de sesiones.

Qué temas se pueden tratar en una sesión de cabildo abierto?

Podrá ser materia del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad, pero a través de este mecanismo no se podrá presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local. Es obligación del alcalde o gobernador asistir al Cabildo.

Quiénes pueden asistir a la sesión?

A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero, podrán intervenir, por el mismo tiempo a que tienen derecho por reglamento los miembros de la respectiva corporación, quienes se inscriban, en la secretaría respectiva, a más tardar tres días antes de la realización del cabildo.

¿Una vez efectuado el cabildo la corporación o el mandatario están obligados a acatar las decisiones tomadas en la sesión?

Los resultados de un cabildo abierto no son decisiones vinculantes. Es decir que no son de obligatorio cumplimiento para el mandatario o la corporación a la que le atañen los efectos de las discusiones y conclusiones logradas. Sin embargo, durante su desarrollo se pueden presentar opiniones, puntos de vista, estudios o datos que contribuyan a enriquecer las discusiones sobre los asuntos discutidos y a ampliar la información para la toma de decisiones por parte de los organismos del Estado.

Una semana después de la realización del cabildo se realizará una sesión a la que serán invitados todos los que participaron en él, en la cual se expondrán las respuestas a los planteamientos y solicitudes presentadas por los ciudadanos.

La iniciativa popular:

La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

-Ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, cumpliendo con este requisito, podrán  también ser promotores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos.

-Además del cumplimiento de los requisitos anteriores, en el caso de la organizaciones, partidos o movimientos políticos, la iniciativa legislativa y normativa deberá ser aprobada en asamblea, congreso o convención, por la mayoría de los asistentes con derecho a voto, y será la misma asamblea la que los elija.

-Deberán constituirse en comité e inscribirse como tales ante la Registraduría del Estado Civil de la correspondiente circunscripción electoral. Este comité estará integrado por nueve ciudadanos, y elegirá el vocero, quien lo presidirá y representará. Si el promotor es la misma organización, partido o movimiento, el comité podrá estar integrado por sus directivas o por las personas que éstas designen para tal efecto.

En el caso de que la iniciativa legislativa sea presentada por un grupo de concejales o de diputados, el comité será integrado por cinco de ellos, en uno y otro caso, quienes elegirán a su vocero. Por el solo hecho de ser concejal o diputado se podrá ser promotor. (art. 10 de la Ley 134 de 1994).

La revocatoria del mandato:

Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

REQUISITOS  Y PROCEDIMIENTO

Para la realización de este mecanismo de participación, hay un factor fundamental y es la recolección de las firmas, las cuales dan la aprobación o no de la realización de la elección para revocar el mandato.

Las firmas de las personas que apoyan la revocatoria del mandato del gobernador o el alcalde deben ser “un número de ciudadanos no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el elegido” de acuerdo con la Ley 741 de 2002 que modificó el artículo 64 de la Ley 134 de 1994.

En la solicitud, los ciudadanos deben allegar a la Registraduría Nacional de Estado Civil correspondiente, las razones que fundamentan para se lleve a cabo la revocatoria del mandato del alcalde o el gobernador, ya sea por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno, según lo dice la Ley 134 de 1994.

Una vez este porcentaje de firmas es reunido y entregado ante la Registraduría Distrital, Especial o Municipal o el Delegado Departamental, la Entidad procede a contar los folios y hacer una inspección física para ver si no hay irregularidades en las casillas.

Las firmas de los ciudadanos, se consignan en un formulario que se encuentra disponible en la página web www.registraduria.gov.co, en el menú Electoral/ Mecanismos de Participación Ciudadana/ Formularios.

El formulario debe contener un encabezado que describa los fundamentos de la solicitud, así mismo deben contener casillas para que los ciudadanos de su puño y letra diligencien los datos de fecha, nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, dirección y firma.

Cuando se radique una solicitud de revocatoria del mandato, el respectivo registrador debe verificar el cumplimiento de estas exigencias y expide una constancia en la que indique el número de folios y el número de firmas que los interesados dicen aportar.

Las firmas son enviadas a Bogotá a la Dirección de Censo Electoral para proceder a la revisión de los apoyos.

La Registraduría Nacional verifica que los datos estén completos, que no hayan firmas repetidas y realizar un análisis grafológico para comprobar que no hay “planas” o conjuntos de firmas suscritas por un mismo amanuense, entre otros aspectos.

Además de la inspección física, la Registraduría Nacional confronta la información recolectada en los formularios, con la que aparece en las bases de datos de la Entidad, para verificar que todos los apoyos corresponden a ciudadanos inscritos en el censo electoral y aptos para votar.

La consulta popular:

Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.

  • Consulta popular nacional:De acuerdo con el artículo 50, de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política.
  • Consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local:Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales.
  • Forma del texto que se someterá a votación:Las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no. No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la Constitución según el procedimiento establecido en el artículo 376 de la Constitución Política y en la Ley 134 de 1994.
  • Concepto previo para la realización de una consulta popular:En la consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente de la República al Senado para que, dentro de los veinte días siguientes, emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus miembros, el Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más.
    El gobernador o el alcalde solicitarán a la asamblea, al concejo o a la junta administradora local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta de carácter departamental, municipal o local en los mismos términos y con los mismos requisitos de la consulta nacional. Si éste fuere desfavorable el gobernador o alcalde no podrá convocar la consulta. El texto de la consulta se remitirá al tribunal contencioso administrativo competente para que se pronuncie dentro de los 15 días siguientes sobre su constitucionalidad.
  • Fecha para la realización de la consulta popular:La votación de la consulta popular nacional se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado de la República, o del vencimiento del plazo indicado para ello. En el caso de las consultas populares celebradas en el marco de las entidades territoriales y en las comunas, corregimientos y localidades, el término será de dos meses.
  • Decisión del pueblo:De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 134 de 1994, la decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral.
  • Efectos de consulta:Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde, o el funcionario respectivo, dentro de los tres meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de tres meses.

Suspensión de la votación para la Consulta Popular: Según el artículo 57 de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la República con la firma de todos sus ministros, mediante decreto legislativo, podrá suspender la realización de la votación durante la vigencia de cualquiera de los estados de excepción si su celebración pudiere afectar el orden público o se observare un ambiente de intimidación para los votantes. Dentro de los tres días siguientes a la expedición del decreto, el Presidente de la República, presentará un informe motivado al Congreso, sobre las razones que determinaron la suspensión.
El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, el decreto legislativo de suspensión para que ésta decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlo, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

ACCIONES CONSTITUCIONALES 

Son mecanismos consagrados en la Constitución Nacional, y tienen como fin la protección de derechos y del ordenamiento jurídico. Estos son:

Ver mas

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

El artículo 2º de la Constitución Nacional consagra como fin fundamental del Estado de derecho el principio de la participación. De acuerdo con este artículo, al Estado le corresponde “facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. Así mismo, estos mecanismos de participación ciudadana se encuentran específicamente regulados en la Ley 134 de 1994, son los siguientes:

Ver Mas